BAJO FUEGO
/José Antonio Rivera Rosales
Acapulco; Guerrero, a 18 de julio de 2025.- Los huracanes Otis, John y Erick nos dejaron en claro que nos enfrentamos, todos, a una nueva realidad ambiental, más violenta y destructiva que antaño.
Es el fenómeno que los estudiosos de la atmósfera han dado en llamar Cambio Climático, pero que en realidad es una emergencia climática global, que afecta a millones de personas en el mundo.
En este escenario catastrófico, serán
las ciudades costeras las que resultarán mayormente afectadas por esta
emergencia ambiental, pero especialmente miles de familias que habitan en
viviendas precarias. Es decir, como en muchos otros casos, sufrirán más los más
pobres.
El huracán Otis dejó afectaciones parciales o totales en 72 mil viviendas, John hizo lo propio con 41 mil casas y Erick causó daños en 21 mil estructuras precarias, sin contar con la pérdida de vidas humanas.
Parece claro que el cambio climático
es irreversible dado el daño que le hemos causado al planeta, tanto a los
océanos como a la cubierta vegetal, que está destruida y se sigue destruyendo.
En los últimos 30 años, por citar un
ejemplo vital, la Amazonia ha perdido un 35 por ciento de su vegetación por
deforestación o degradación. Y este es el principal pulmón del planeta.
En el caso del estado de Guerrero no existe una cifra oficial de la deforestación, pero resulta inequívoco que una porción significativa ha sido destruida por la tala legal, por la agricultura y por otros factores.
Resulta increíble que los intereses privados -aunque también en algunos casos de las estructuras de gobierno- sigan expoliando a la naturaleza para favorecer el lucro, sin importar el interés general de las mayorías. Esto es una consecuencia del capitalismo salvaje que nos agobia (¿Recuerdan a la minera en Carrizalillo?).
Para el caso de Guerrero, las ciudades y comunidades del litoral del pacifico son especialmente vulnerables a los embates de los huracanes. Los especialistas cada vez más concuerdan en que el grado 5 de un huracán podría ser insuficiente para medir la turbulencia de esos fenómenos.
Por eso es encomiable el plan
gubernamental de construir un protocolo de atención y respuesta ante desastres
naturales, que elabora la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos que
encabeza su titular Roberto Arroyo Matus, un especialista en ingeniería sísmica.
Arroyo Matus, ganador del Premio Estatal en Ciencia y Tecnología 2002 y del Premio Nacional de Protección Civil en 2009, es quien al parecer está al frente de la construcción de dicho protocolo, el primero de su tipo en el país, que permitirá ofrecer una respuesta preventiva y reactiva ante la ocurrencia de cada huracán y, presumiblemente, en otros casos como deslizamientos y sismos.
Pero ese protocolo de actuación deberá incluir, también, acciones de la sociedad como parte de un todo integral para actuar de una manera organizada antes, durante y después de cada embate, con el fin de minimizar en lo posible los daños, especialmente porque somos una sociedad mayoritariamente precaria que vive al día en viviendas endebles.
*Un primer paso para la comunidad guerrerense -gigantesco paso- sería una campaña de reforestación a gran escala para arborizar espacios muy localizados en los que se han talado muchísimos árboles y plantas que han sido arrancados para permitir el avance de la mancha urbana o negocios relacionados con el uso de la tierra.
*Algunos puntos para ese plan de prevención pueden ser los siguientes: Organizar y capacitar brigadas de autoprotección sobre todo en las comunidades costeras, encargadas de la prevención y la mitigación de daños particularmente en casos de temporales o de un sismo de gran magnitud. Se trata de organizar a la comunidad.
*Lanzar un programa de arborización, con apoyo de las comunidades, en amplias porciones de la Sierra Madre del Sur, cuya riqueza forestal ha sido explotada por los traficantes de madera. La deforestación y contaminación de cuerpos de agua constituyen una amenaza real para la vida de los seres humanos.
*En el caso de Acapulco, el objetivo principal debiera ser el Parque Nacional El Veladero, que contaba inicialmente con cuatro mil hectáreas, pero ha sido reducido drásticamente por invasores que lo han depredado. Ello debe estar acompañado con acciones legales contra los líderes partidistas que promueven esas invasiones en aras de un lucro económico y/o político.
Hace un par de semanas la gobernadora Evelyn Salgado emitió una declaratoria de desastre que incluyó ocho municipios con daños severos en la región de la Costa Chica. El decreto fue rechazado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien argumentó que ya no es necesaria esa medida porque los recursos están disponibles para ayudar a la población afectada. La mandataria dijo que esta semana comenzarían a pagar a los afectados por las lluvias torrenciales.
Pues sí, pero el estado carece de
recursos para solventar las necesidades de un total de 33 municipios afectados
por el fenómeno, sobre todo en la mencionada Costa Chica, pero también en La
Montaña, donde golpeó con furia a miles de familias pobres de extracción
indígena.
Así que la propuesta del protocolo de prevención y mitigación será un buen instrumento para atender a futuro estos meteoros peligrosos que atentan contra la integridad de miles de familias guerrerenses. Esperemos pronto conocer ese instrumento, que deberá ser sometido al Congreso para que adquiera rango de ley. Sin duda será bienvenido por la comunidad.
Pero por de pronto hay que señalar otro gran riesgo que constituye una amenaza latente contra la población: el de un sismo de gran magnitud que se espera en la región de Costa Grande, en la zona conocida como Brecha de Guerrero, donde no se han producido sismos fuertes en 100 años, razón por la cual se espera un movimiento telúrico de gran magnitud. El otro punto de riesgo es en la Costa Chica, a la altura de Copala, donde también se espera una ruptura que podría causar mucho daño.
Esto es una previsión que debe estar en la agenda de riesgos de los gobiernos federal y estatal. Si esa amenaza se hace realidad, que Dios nos asista.
