*Dichos organismos enfrentan graves dificultades técnicas y financieras, por el gasto en energía eléctrica con la que distribuyen, bombean y tratan el agua: Alejandro Carabias
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 20 de febrero de 2026. – La Comisión Permanente del Congreso
de Guerrero aprobó exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y
al Ejecutivo Federal a establecer una tarifa eléctrica especial y de alto
subsidio en favor de los organismos operadores de agua potable, alcantarillado
y saneamiento del país, con el propósito de fortalecer su capacidad financiera
y garantizar la continuidad del servicio, en cumplimiento del derecho humano al
agua.
El punto de acuerdo fue presentado por el diputado Alejandro
Carabias Icaza, quien destacó en tribuna que el acceso al agua y al saneamiento
es un derecho humano reconocido en el artículo 4° de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución local. Recordó que
los municipios son responsables de garantizar la prestación de estos servicios
públicos, conforme al artículo 115 constitucional.
Expuso que, pese a la relevancia de este derecho, millones de
viviendas en el país carecen de acceso diario al agua potable. De acuerdo con
la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022, 33.5 por ciento
de las viviendas con suministro entubado no reciben agua todos los días, siendo
Guerrero una de las entidades más afectadas.
Agregó que los organismos operadores enfrentan graves
dificultades técnicas y financieras, ya que una parte significativa de sus
gastos operativos corresponde al pago de energía eléctrica, indispensable para
el bombeo, distribución y tratamiento del agua. Precisó que, según datos del
INEGI, en 2018 estos organismos destinaron 44.4 por ciento de su gasto en
bienes y servicios al pago de electricidad, situación que se agravó al ser
clasificados bajo una tarifa industrial tras la reforma energética.
El diputado Carabias recordó que la reciente Ley General de Aguas establece la obligación de garantizar al menos el suministro mínimo para consumo humano básico, aun en casos de falta de pago, lo que incrementa la presión financiera sobre estos entes públicos. Por ello, consideró necesario adoptar medidas estructurales que frenen el crecimiento de adeudos con la Comisión Federal de Electricidad y permitan a los organismos operadores destinar mayores recursos a la rehabilitación de infraestructura, el mantenimiento de redes hidráulicas y la mejora de los sistemas de saneamiento, en beneficio directo de la población.
En ese sentido, el exhorto plantea que, con fundamento en el
artículo 159 de la Ley del Sector Eléctrico, se valore la creación de una
categoría tarifaria específica —distinta a la industrial— con un alto subsidio
para estos entes públicos, reconociendo su naturaleza no lucrativa y la función
social que desempeñan. Ello permitiría evitar el crecimiento de adeudos,
fortalecer la inversión en infraestructura y garantizar un servicio continuo,
eficiente y accesible para la población.
