/Redacción Trópico
Noticias
Montaña de Guerrero, a 15 de
mayo de 2026.- Por fin, después de 17 días de violencia en la comunidad
me’phaa de San Pedro Huitzapula, municipio de Atlixtac, en la Montaña Alta de
Guerrero, en donde hasta la mañana de este 14 de mayo las balaceras
permanecieron todo el día, arribaron por la tarde refuerzos para brindar
seguridad.
Así lo informó en dos comunicados
el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en el que narra que “Las
balaceras y las bombas llueven de los cerros donde más de 300 civiles armados,
autodenominados policías comunitarios se encuentran apertrechados dispuestos
para matar y someter a las familias indígenas”.
Agrega que el 13 de mayo de 2026,
a las 10 de la noche, 80 mujeres se fueron a refugiar a la comisaría municipal;
17 eran niñas y 15 niños “con los ojos inundados de lágrimas por el miedo” y que
los pobladores veían con desesperación cómo las bombas destrozaban sus casas. ‘En
un día caen alrededor de 20 bombas’, “relató una señora que no revela su nombre
por seguridad”.“La violencia de los Ardillos ha
dejado muertos y familias desplazadas. Vivimos con mucho miedo, mientras las
autoridades nos abandonan desde el 27 de abril. Volvieron a instalarse los
criminales en Totolapa, Zoyaltepec, Huixtlatzala, Totoltemec, Mexcaltepec y
Meyoltepec. Hasta la fecha siguen tirando balazos y bombas. Ya entraron a la
población, quemaron casas y pusieron en peligro a mujeres y niños.
Responsabilizamos a la policía comunitaria de San Juan Escalerilla, Evelyn
Salgado y Claudia Sheinbaum de cualquier daño que sufra nuestra comunidad.
Pedimos apoyo urgente”, apuntó en su documento Tlachinollan.
La señora, con lágrimas en los ojos
denunció que al lugar llegaron dos patrullas del ejército de la Base de
Operaciones Interinstitucionales (BOI), pero se quejó “porque no hacen nada y
en presencia de ellos han caído bombas”.
Recalcó que no es mentira, que hay
evidencias y denunció que “lo único que nos dicen es que no tienen personal y
que no pueden hacer nada. Hace como cinco días mataron a un señor (Antonio
Reyes de la Cruz) que fue a cuidar a sus animales en su parcela como a las 2 de
la tarde. Ellos no fueron a traer al señor. La gente del pueblo acudió, como
pudo, a recoger el cuerpo. No tiene caso que estén aquí viendo cómo nos están
atacando, cómo se está muriendo la gente y a lo mejor ya están comprados porque
no hacen reportes de la situación que estamos viviendo”.
En su primer comunicado Tlachinollan
agregó que el asedio de un grupo de la delincuencia es constante porque quiere
tomar el control de la comunidad indígena. Agrega que nadie puede salir a
realizar las compras para la alimentación porque los caminos son peligrosos y
que las escuelas funcionan de manera irregular, “pero desde el lunes 11 de mayo
se suspendieron las clases. Tampoco hay servicio de transporte. Las familias
comen una vez al día para no morir de hambre porque los ataques empezaron desde
el 27 de abril”.El 12 de mayo la violencia se
incrementó desde la madrugada con la explosión de dos bombas y cuatro casas
quemadas en la periferia de la comunidad de Huitzapula. Los habitantes de la
comunidad aseguran que los supuestos policías comunitarios están bien armados
con equipo táctico que “hasta los militares tienen miedo cuando escuchan los
disparos”.
Decenas de mujeres, niñas y niños
indígenas llorando pedían auxilio al gobierno estatal y federal, señaló; “el
infierno duró varias horas hasta que por la tarde autoridades estatales
informaron que habían llegado refuerzos para brindar seguridad: 20 elementos de
la policía estatal en cuatro patrullas, 16 efectivos de la guardia nacional en
dos patrullas y dos unidades del ejército con 14 elementos”.El refuerzo de seguridad señaló, fue
acompañado por el delegado de gobernación, Jorge Rodríguez; el comandante del
batallón de Tlapa, el coronel Samuel Durán y Raúl Jimón Flores, Coordinador de
la Policía Estatal.
Por su parte –comentó por último Tlachinollan-, los habitantes de la comunidad informaron que a
las 10 de la noche permanecían dos patrullas de la policía estatal y una del
ejército, mientras que otros efectivos de seguridad se habían quedado en la
comunidad de El Lucerito. “Los pobladores esperan que la policía estatal, la
guardia nacional y el ejército permanezcan para resguardar y protegerlos porque
tienen que temor por la violencia que se ha desatado durante varios días”.