Pretende el gobierno de la República blindar las elecciones de 2027 contra personajes vinculados al crimen organizado

Redacción
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*Propone la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas que dependerá del INE

/VERÓNICA CASTREJÓN ROMÁN


Acapulco; Guerrero, a 21 de mayo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum enviará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que plantea el establecimiento de mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones, respecto a las candidaturas que propondrán ya, a partir de la elección del 2027, “con el fin de evitar que haya cualquier vínculo con la delincuencia organizada”.

Esta mañana, en la Conferencia del Pueblo, luego de hacer un breve recuento de la Operación Enjambre en el Estado de México y en Morelos, y de casos de alcaldes detenidos por ese delito, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que se enviará la propuesta ante el Congreso en sesión extraordinaria, debido a que se cierran las posibilidades de reformas a las leyes previo a la elección o al inicio de todo el proceso electoral del 2027.

La reforma plantea la creación de la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas que dependerá del Instituto Nacional Electoral (INE); así detalló la consejera jurídica del gobierno de México, Luisa María Alcalde, su propuesta:

“La comisión será integrada por cinco consejeros electorales elegidos y votados por un periodo de tres años por el Consejo General. La comisión será un vínculo entre los partidos políticos que voluntariamente decidan participar y las autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para recibir y consultar los nombres de los aspirantes a candidaturas”.

La información será recabada por el Centro Nacional de inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores quienes aportarán datos e información sobre la existencia o no, de “un posible riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada.

Los partidos políticos que voluntariamente decidan participar, explicó Luisa maría Alcalde, deberán entregar su listado de aspirantes a ocupar un cargo de elección popular, a la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, “y será responsabilidad de dichos institutos si registran o no a sus candidatos”. En caso de que las instancias mencionadas encuentren información relevante, de acuerdo con sus atribuciones, dijo, continuarán con las investigaciones o harán la denuncia penal correspondiente.

La iniciativa de ley exige que las personas que aspiren a una candidatura deberán -- como requisito obligatorio-- manifestar al partido político que los postule, su conformidad de ser evaluados por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas. “Independientemente de la decisión del partido de someterla o no a consulta de la Comisión”, recalcó la funcionaria federal.

Al final de su exposición, advirtió que el proceso se realizará en condiciones de confidencialidad entre todas las partes “y la información que identifiquen las autoridades competentes tendrá carácter reservado para no afectar, en su caso, el debido proceso”.



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