*Prevé la integración de un Comité de Transferencia para asegurar la
continuidad institucional del acceso a la información y protección de datos
personales/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 24 de mayo de 2026. — El diputado Carlos Eduardo Bello
Solano propuso una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Guerrero, la cual tiene como propósito armonizar el marco
jurídico estatal con las recientes reformas constitucionales en materia de
simplificación orgánica y garantizar el derecho de acceso a la información
pública.
Esta propuesta surge, explicó el legislador, a partir de la
reforma constitucional federal publicada el 20 de diciembre de 2024 y de la
modificación a la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de
simplificación orgánica, mediante la cual se extinguió el Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del
Estado de Guerrero (ITAIGro).
Por lo tanto, se plantea trasladar las atribuciones en
materia de transparencia y protección de datos personales a diversas
autoridades garantes; entre ellas, la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental para el caso del Poder Ejecutivo y los municipios, así como a los
órganos internos de control u homólogos de los Poderes Legislativo y Judicial,
y de los organismos constitucionales autónomos.
El legislador expuso que este nuevo ordenamiento se conforma
por ocho títulos, divididos en 23 capítulos y 136 artículos, en los que se
establecen principios, bases generales y procedimientos para garantizar el
acceso a la información pública, además de definir las competencias de las
autoridades garantes locales.
Asimismo, se incorporan disposiciones relacionadas con datos
abiertos, formatos accesibles, transparencia con sentido social, innovación
tecnológica, igualdad sustantiva y accesibilidad para grupos de atención
prioritaria, incluyendo medidas para que los procedimientos puedan realizarse
en lenguas indígenas y formatos accesibles para personas con discapacidad.
La iniciativa también establece mecanismos de vigilancia y
sanción para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia,
por lo que contempla multas, procedimientos de denuncia y responsabilidades
administrativas para los sujetos obligados que incumplan con la publicación y
entrega de información pública.
Finalmente, prevé un proceso de transferencia de expedientes,
archivos y procedimientos del extinto órgano garante hacia las nuevas
autoridades competentes, así como la integración de un Comité de Transferencia
para coordinar la entrega-recepción y asegurar la continuidad institucional en
materia de acceso a la información y protección de datos personales
