*Con dicho código se dará paso a un nuevo modelo de
impartición de justicia en estas materias que permitirá contar con
procedimientos más ágiles: Érika LührsLa Redacción/
Chilpancingo; Guerrero, a 14 de junio de 2026.- El Congreso del Estado exhortó al
Poder Judicial del Estado para que rinda un informe detallado a esta soberanía
popular sobre las acciones implementadas para la instrumentación del Código
Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la entidad, el cual deberá
entrar en vigor a más tardar el 1 de abril de 2027.
Al fundamentar este exhorto, la diputada Erika Lührs Cortés,
como integrante de la Comisión de Justicia y promotora del mismo, resaltó la
importancia de conocer los avances específicos, la adecuada operatividad, los
ajustes estructurales en la organización judicial, la adecuación de la
infraestructura física y tecnológica, así como el diseño e implementación de
programas integrales de capacitación y profesionalización del personal
jurisdiccional y administrativo.
Al respecto, refirió que el Código Nacional de Procedimientos
Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de
junio de 2023, entrará en vigor en todos los estados de manera gradual, a más
tardar el 1 de abril de 2027.
Asimismo, establece en sus artículos transitorios que la
Secretaría de Gobernación tiene 60 días hábiles para instalar y presidir una
Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia, con la participación de
las presidencias de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia
de los Estados Unidos Mexicanos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado y
de la Comisión de Justicia del Congreso correspondiente. Estos integrantes
concurrirán a convocatoria o solicitud ante la presidencia de la Comisión para
configurar la asistencia técnica a los Poderes Judiciales, tanto federal como
locales, en la instrumentación de dicho código nacional.
En ese sentido, se contempla que la Comisión para la
Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar tenga como función
sustancial la instrumentación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y
Familiares, con base en el desarrollo de habilidades, destrezas y sanas
prácticas procesales, la definición de estándares uniformes de operación del
sistema, y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados.
Por ello, con la entrada en vigor del Código Nacional de
Procedimientos Civiles y Familiares, se dará paso a un nuevo modelo de
impartición de justicia en estas materias que permitirá contar con
procedimientos más ágiles; de ahí la importancia de que el TSJ rinda un informe
detallado sobre las diversas acciones implementadas para la instrumentación de
dicho código en la entidad federativa.
