Dictan prisión preventiva al exgobernador Ángel Aguirre por el caso Ayotzinapa

Redacción
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*En la audiencia inicial, el juez rechazó la solicitud de que enfrentara el proceso desde su domicilio, por edad y enfermedad, al considerar que existía riesgo de fuga

*La audiencia continuará el 11 de agosto a las 10:00 horas, fecha en la que el juez determinará si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso, como solicita la FGR


REDACCIÓN TRÓPICO NOTICIAS/


Ciudad de México, a 7 de agosto de 2026.- En Silla de ruedas y con evidente desgaste físico, el exgobernador Ángel Aguirre Rivero ingresó a la sala del Centro de Justicia Penal Federal para su audiencia inicial en la que el juez le dictaminó prisión preventiva oficiosa, pese a que el exmandatario rechazó las imputaciones que le hace la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de desaparición forzada y contra la administración de justicia relacionados con el caso Ayotzinapa.

Este viernes, minutos antes de su primera comparecencia en el Juzgado de Distrito adscrito al penal de alta seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Aguirre Rivero tuvo un evento relacionado con su diabetes e hipertensión que motivó una revisión médica y el retraso de la audiencia en la que sostuvo que no tiene nada que ver con la desaparición de los 43 estudiantes de la “Normal Isidro Burgos”, de Ayotzinapa y recalcó que, durante la última década, nunca se ha ocultado de las autoridades.

“"Ayer fui detenido a las 10:00 de la mañana después de 12 años de la desaparición de los normalistas. Si yo hubiera sido convocado por el fiscal del caso, he comparecido cada vez que se me ha convocado. No tuve nada que ver con los hechos", esgrimió el exgobernador de Guerrero.

Durante la audiencia su defensa solicitó que se le permitiera enfrentar el proceso en su domicilio por razones de edad y salud, pero el juez de control,  Mario Elizondo Martínez,rechazó esa solicitud al considerar que existe riesgo de que el exmandatario se evada de la justicia pues no cuenta con arraigo y tiene las facilidades para hacerlo; enseguida, declaró legal la detención de Aguirre Rivero, realizada el pasado 6 de agosto en el Estado de México por elementos de la Fiscalía General de la República, instancia que formuló la imputación y solicitó su vinculación a proceso.

¿De qué lo acusan?

El pasado jueves, la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue detenido con plena evidencia y apego al debido proceso, acusado de delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas.

Detalló que el exmandatario estatal ordenó la destrucción de videograbaciones captadas por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con la fiscal, las cámaras 12 y 15 registraron el momento en el que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, fue interceptado por policías municipales y estatales.

Las autoridades consideran que esas imágenes eran una pieza clave para reconstruir lo ocurrido con los normalistas.

Durante años, la versión oficial sostuvo que dicho material no existía debido a supuestas fallas técnicas en el sistema de videovigilancia.

Lambertina Galeana Marín y Blanca María del Rosario Estrada

Testigos protegidos desmienten la inexistencia de los videos

La fiscal Ernestina Godoy informó que en enero de 2026 obtuvo el testimonio de un colaborador que aseguró que las grabaciones sí existían y que fueron retiradas para ser entregadas directamente al entonces gobernador.

Agregó que un segundo testigo protegido, incorporado a la investigación en mayo de este año, reforzó esa versión al señalar que Aguirre Rivero habría instruido, durante una reunión con elementos de alto nivel de su gabinete, la eliminación de cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

Godoy Ramos explicó que, con base en esos testimonios y otros elementos de prueba, el Ministerio Público obtuvo la orden de aprehensión de Ángel Aguirre Rivero por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia.

La destrucción de evidencias, una operación dolosa y deliberada

Durante el informe que la fiscal general hizo en su cuenta de Facebook, sostuvo que la FGR cuenta con evidencia que apunta a una instrucción directa desde el gobierno estatal para desaparecer el material videograbado y afirmó: "Fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo Estatal".

Al final de su mensaje señaló que continuará con las investigaciones y reiteró que mantendrá informadas a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y a la opinión pública, “conforme lo permita el debido proceso”.

Foto Tlachinollan
¿Y los padres de los 43?

En la audiencia también participaron, vía remota, familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, así como representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh).

Uno de los padres así pidió al juez, luego de escuchar al exgobernador Ángel Aguirre:

"Habla de muchas enfermedades, nosotros llevamos 12 años enfermedades crónicas y sin acceso a la justicia. Para creer en la justicia mexicana creo que tiene que estar en la cárcel este individuo. Con lo mal que se portó con nosotros impidiendo el acceso a la justicia debería estar en la cárcel".

Antes de concluir la audiencia, Aguirre Rivero insistió en su inocencia y aseguró que continuará colaborando con las investigaciones:

"Nunca me he rehusado, he manifestado mi intención de colaborar en cualquier investigación sobre mi persona; tengo una familia a la que yo le quiero demostrar que yo no tuve nada que ver", justificó ante el juez quien resolvió mantenerlo en prisión en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como El Altiplano.

No obstante, la situación jurídica del exgobernador aún no queda definida. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará el próximo 11 de agosto a las 10:00 horas, fecha en la que el juez determinará si existen elementos suficientes para vincularlo o no a proceso.

Con información de medios nacionales


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