*La exintegrante del GIEI sostiene que está acreditada la
existencia de las grabaciones del Palacio de Justicia, pero señala que deberá
conocerse qué pruebas existen para determinar quién ordenó ocultarlas o
destruirlas*Dijo que se conoció de tres ingresos remotos al sistema
donde se encontraban las grabaciones y que posteriormente resultaron dañados
equipos que contenían rastros de esa información
ROBERTO CAMPS CORTÉS/
PRENSA LIBRE/CDMX, a 7 de agosto de 2026.- La exintegrante del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), Ángela Buitrago,
consideró que deberán aportarse y valorarse mayores elementos probatorios para
determinar si el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, tuvo alguna responsabilidad
en la desaparición de los videos del Palacio de Justicia de Iguala relacionados
con el caso Ayotzinapa.
En entrevista con el periodista José Cárdenas la tarde de
este jueves, Buitrago señaló que las declaraciones de dos testigos, junto con
las diligencias realizadas desde años anteriores, fortalecen la certeza de que
las grabaciones sí existieron; sin embargo, hizo una diferenciación entre
acreditar la existencia de los videos y demostrar quién ordenó su eventual
ocultamiento o destrucción.
“Yo conozco la prueba que tienen este año. Y oí a la fiscal
Ernestina contando que hay dos testigos, pero esos dos testigos más la prueba
que había atrás, pues demuestra que sí están los videos. Ahora, yo no sé la
prueba que tengan para saber si él dio la orden o no la dio”, expresó Buitrago.
La exintegrante del GIEI sostuvo que será necesario esperar a
que los elementos reunidos por la Fiscalía General de la República sean
presentados y evaluados en la audiencia correspondiente, particularmente para
conocer si existen pruebas que permitan establecer una posible responsabilidad
del exmandatario más allá de los testimonios que confirman la existencia de las
grabaciones.
Buitrago recordó que desde 2015 el GIEI documentó la
existencia de cámaras en el Palacio de Justicia y solicitó las grabaciones
correspondientes a los días 26 y 27 de septiembre de 2014.
Explicó que durante las investigaciones distintas personas
confirmaron que las cámaras habían grabado y que existieron diligencias
posteriores sobre el destino de ese material.
También indicó que durante la investigación circunstancias
que, a su juicio, justifican profundizar en la investigación para establecer
quiénes tuvieron acceso y qué ocurrió con los videos.
Buitrago planteó que la investigación debe determinar toda la
cadena relacionada con la desaparición de esa evidencia: quiénes conocieron las
grabaciones, quién las recibió, quién pudo ocultarlas y, en caso de acreditarse
que fueron destruidas deliberadamente, quién ordenó hacerlo y quiénes
participaron en esa acción.
Subrayó que esta línea de investigación no surgió
recientemente, sino que se encuentra abierta desde 2015. Señaló que existen
diligencias de 2015, 2016, 2019 y 2020 que respaldan la existencia de las
grabaciones, aunque el GIEI nunca tuvo acceso material a los videos.
Respecto de Ángel Aguirre Rivero, Buitrago evitó anticipar
una conclusión sobre su responsabilidad y sostuvo que esta dependerá de los
elementos probatorios que presente la Fiscalía y de su valoración dentro del
proceso judicial.
En ese sentido, diferenció entre la evidencia que permite
sostener que los videos existieron y aquella que sería necesaria para acreditar
quién tomó la decisión de desaparecerlos.
La exintegrante del GIEI consideró fundamental recuperar las grabaciones, debido a que podrían permitir reconstruir minuto a minuto lo ocurrido en Iguala, identificar a quienes intervinieron en las agresiones y aportar nuevos elementos para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
