Parte II
* El millonario alemán condicionó el uso de las instalaciones
* El convenio de donación es por 99 años y ya se cumplirán 49
* “¿Crees que con esto ya pagaste tu deuda con Guerrero?”
* Los dueños de Oceanic intentaron despojar parte del terreno
(Segunda de tres partes)
La probable construcción de un
sitio para servicio de la Secretaría de la Defensa Nacional sea cuartel de
mando, sitio de pernocta o lo que quieran realizar, sería violatorio al
convenio de donación condicional celebrado hace casi 49 años por un multimillonario
con el gobierno de Guerrero, ahora representado por Evelyn Cesia Salgado
Pineda.
El rompimiento de la donación
restringida por parte del gobierno del Estado de Guerrero implicaría una serie
de condicionantes en que están involucrados el Ayuntamiento de Acapulco, el
gobierno federal, el fideicomitente Banco Nacional de México, hoy llamado Banco
de México, y la propia familia del alemán ya fallecido.
Los puntos coincidentes de una
historia ilegal, disfrazada como legal, son que hace 49 años los tres órdenes
de gobierno estaban representados por políticos del mismo partido en el poder.
Hoy sucede lo mismo ya que la autoridad municipal la estatal y la federal son
de Morena.
Wolfgang Schoenborn Stuertz,
millonario mexicano por naturalización, pero originario de Lezburg, Bavaria (o
Baviera como actualmente se le conoce) en la entonces Alemania Occidental,
celebró el 29 de noviembre de 1975 un convenio de donación condicional con el
gobierno del Estado de Guerrero, representado por el entonces gobernador Rubén
Figueroa Figueroa.
En su calidad de propietario de un terreno adquirido en 1967 al matrimonio integrado por Ignacio Soto Durazo y su esposa Alicia Almeida de Soto, el alemán naturalizado mexicano cedió el predio de 11 mil 76 metros cuadrados de superficie al gobierno de Guerrero anteponiendo condiciones para que fuera destinado ese sitio a actividades netamente culturales.
Según el documento, las
instalaciones que en ese entonces estaban cotizadas en un costo de un millón de
pesos y “deberían ser destinadas exclusivamente a la formación de un museo de
exhibición de productos artesanales, piezas arqueológicas y demás fines de
carácter cultural en beneficio de los visitantes y habitantes del puerto y
ciudad de Acapulco, Guerrero, al que tanta estima le tiene”.
El convenio de cesión condicional
también establecía que debería tener beneficio económico el gobierno del Estado
de Guerrero como administrador de los ingresos generados por esas actividades
culturales definidas. El convenio es por un lapso mayor de noventa y nueve
años.
El gobierno de Guerrero se
comprometió a destinar el inmueble mencionado a la formación y desarrollo de un
museo de arte popular arqueológico y demás fines culturales en beneficio de los
habitantes y visitantes de Acapulco y a desarrollar con los mismos fines las
construcciones existentes.
En caso de que el gobierno del
Estado de Guerrero no destine el inmueble y las construcciones exclusivamente a
los fines previstos en el convenio de concesión, se antecede la propiedad del
inmueble y las construcciones existentes y pasará a propiedad del Ayuntamiento
de Acapulco con la obligación de destinarlo para fines netamente culturales.
El convenio establece que si el
Ayuntamiento de Acapulco tampoco destina el lugar y sus instalaciones para
actividades culturales, el predio pasaría a ser propiedad del gobierno federal,
a través de la entonces Secretaría del Patrimonio Nacional. El documento
también establece que si el gobierno federal tampoco utiliza el predio y sus
construcciones para actividades culturales, se revertería la concesión y, por
facultad del millonario alemán, la última adquiriente sería el Banco Nacional
de México en carácter de irrevocable.
Los compromisos de todas las partes quedaron registrados en la escritura número 6 mil 392, del volumen quincuagésimo octavo, luego de que Rafael Ezquerro y Alvarado, notario público número 5 del distrito judicial de Tabares, consignara todas las vistas de las partes el 6 de noviembre de 1975 en la ciudad y puerto de Acapulco.
El documento es designado como
contrato de cancelación parcial de fideicomiso y donación condicional por 99
años, contados a partir de 1975, y fue firmado por Wolfgang Schoenborn Stuertz,
propietario del predio y donante; José Riojas Rodríguez, representante del
fideicomiso Playasol; Rafael Pardo Estrada, representante del Departamento
Fiduciario del Banco Nacional de México y el gobernador constitucional del
Estado de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa.
Tras firmarse el documento,
Figueroa Figueroa caminó con el alemán nacionalizado mexicano por los senderos
de la propiedad que había cedido.
Testigos de ese momento recuerdan
perfectamente el diálogo:
— ¿Crees que con esto ya pagaste
lo que debías al gobierno? ¿Crees que no me puedo quedar hasta con la parte que
llega al mar? Es mejor que te quedes quieto para que no te quite todo, expresó
de manera socarrona el gobernador guerrerense.
Pistola al cinto se regodeaba del
éxito de su operación de despojo hecho legalmente.
El hombre achaparrado, encorvado
por los casi 85 años de una vida llena de bondades y maldades no dijo palabra
alguna. Ambos caminaron hasta que se enfiló con rumbo a El Camionero, aquel
histórico camión Dina que siempre usaba Figueroa Figueroa para desplazarse en
todo Guerrero.
Al día siguiente, Schoenborn
Stuertz pagó a una docena de albañiles para que construyeran un largo muro para
dividir los edificios que actualmente se encuentran atrás de las instalaciones
culturales con el sitio donado. 24 horas después de la donación, el enorme
predio estaba dividido. Temía que Figueroa Figueroa lo volviera a despojar.
El alemán, de apenas un metro 60
de estatura, espaldas arqueadas y caminando lentamente, sin bastón, a pesar de
sus más de 85 años recorría la banqueta de la costera Miguel Alemán justo en la
parte frontal de lo que hoy es el Centro Cultural Acapulco o Casa de la Cultura
de Acapulco, como coloquialmente se le conoce.
Los que lo recuerdan señalan que,
literalmente, contaba los metros de lo que fue su propiedad, ahora donada para
la cultura. Siempre caminaba por la parte frontal como vigilando que nada
estuviera fuera de lugar. El hombre chaparrón, ya anciano, siempre iba con sus
gruesas esclavas y cadenas de oro colgadas en los brazos y cuello.
No temía ser asaltado porque en
esa época no se pensaba en esa maldad que ahora inunda las calles. Eran los
finales de los setenta y principios de los ochenta. Ya luego no salió. Se
encerró en su domicilio, ubicado en la parte trasera del enorme terreno. Poco
después se enteraron del fallecimiento de Schoenborn Stuertz.
Años después, los que fueron sus
trabajadores fueron liquidados por uno de sus familiares. Así terminó ese
capítulo del Acapulco que siempre ha sido de despojos.
Los edificios que donó dentro del
terreno fueron acondicionados por los arquitectos Jorge Eduardo y Héctor Coss
Cortés. El 20 de marzo de 1976, el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez,
compadre del gobernador guerrerense, inauguraba lo que después sería la Casa de
la Cultura de Acapulco. Ahí quedó una oficina del Fonapas (Fondo Nacional Para
las Actividades Sociales, el antecesor de la actual Secretaría de Cultura del
gobierno federal).
Fue durante el gobierno
siguiente, el de Alejandro Cervantes Delgado, cuando se creó el Instituto
Guerrerense de la Cultura un 20 de abril de 1983 como un organismo público
descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. El mandatario
firmó el decreto número 468 para tal fin.
La Casa de la Cultura de Acapulco
se convirtió entonces en parte de su patrimonio y debería ser la garante que se
cumpliera cabal y puntualmente la cláusula condicional de Schoenborn Stuertz.
No debería existir ningún interés de otra naturaleza que no fuera el carácter
cultural.
El 26 de abril de 1988, al
expedirse la Ley de Fomento a la Cultura, lo convierte en un organismo
administrativo desconcentrado (OAD), dependiente de la Secretaria de Desarrollo
Social del gobierno del estado. Y es hasta el 15 de octubre de 1999, que retoma
su carácter original de organismo público descentralizado (OPD).
Otro intento de despojo del
enorme terreno donado se registró durante el sexenio de José Francisco Ruiz
Massieu. En ese tiempo el mandatario estatal inauguró el edificio Torre Coral,
que fue la edificación más alta de Acapulco, y retó al inversionista Alberto
Pilatovsky a meter más dinero para el puerto. Ahí nació la idea de levantar lo
que hoy es el edificio Oceanic 2000.
Una mañana lluviosa, Pilatovsky
Vázquez y Guillermo Carpenter llegaron a la parte trasera de lo que era la Casa
de la Cultura, después de haber sido las oficinas de Fonapas (Fondo Nacional
Para Actividades Sociales) en el estado. Ya se había comprado el terreno
adjunto a Raúl Salvat para levantar lo que ahora es el edificio más alto de
Acapulco.
Acompañado de empleados de la
construcción comenzaron a instalar estacas que contemplarían en su proyecto
arquitectónico personal.
De repente, se les apareció la directora de ese organismo naciente: la finada Eloína López Cano.
Amable como siempre, la directora
de la Casa de la Cultura los saludó de beso en la mejilla.
Y ahí les indicó, con el convenio
de donación en mano, cuáles eran los límites que tenía la instalación cultural.
Les advirtió que le llamaría al gobernador para informarle lo que estaba
pasando para que se interviniera y detuvieran todo.
Aquellos, de inmediato, echaron afuera a todos los trabajadores. Al ver la reacción de ambos arquitectos, López Cano les pidió:
—Ustedes saben que no tenemos
dinero y como verán necesitamos construir una barda perimetral. ¿Por qué no
mejor me ayudan a construir la barda?
Ambos se regresaron a ver y
asintieron la propuesta.
Y les volvió a decir:
—Sí le voy a llamar a Pepe (así
conocían al gobernador Ruiz Massieu) para informarle de su amabilidad con la
Casa de la Cultura.
Así se construyó la barda
perimetral y, de paso, resolvió un intento de despojo.
Durante el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer se realizó la compra-venta truculenta de los edificios (condominios Nautia y Coral) que fueron propiedad del alemán, ubicados en la parte trasera de la actual instalación cultural devastada.
Uno de los módulos tipo filipino
fue adaptado por Alfredo Figueroa Alcocer, hermano del gobernador en turno y
responsable del sector cultural del Estado, para que sirviera de oficinas del
nuevo propietario de los condominios: Raúl Salinas Lozano, padre del que se
convertiría en candidato del PRI a la Presidencia de la República y
posteriormente en presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.
Después, el gobierno de Ángel
Aguirre Rivero, cuando fue gobernador constitucional, convirtió el Instituto
Guerrerense de la Cultura en la Secretaría de Cultura como permanece hasta hoy.
A pesar de que el gobierno
federal invirtió para una remodelación integral, a través del entonces Consejo
Nacional de Cultura (hoy Secretaría de Cultura) en tiempos del gobierno de
Zeferino Torreblanca Galindo, no pudo concluirse la idea por la invasión de un
grupo de comerciantes con el apodo de artesanos.
En este problema han pasado siete
gobernadores, incluida la actual mandataria estatal Evelyn Salgado Pineda que
no han podido desalojar de esas instalaciones a unos comerciantes que no tienen
ningún derecho legal de ocupar las instalaciones para vender sus productos.
Hasta antes de que Otis devastara las instalaciones, la Casa de la Cultura de Acapulco (institucionalmente llamado Centro Cultural Acapulco) era la cueva de las desgracias. Sus patios llenos de basura, los baños inservibles y sin agua, residuos de árboles cortados tirados en el estacionamiento y por la noche parecía una boca de lobo, sitio idóneo para que cualquier delincuente la usara como refugio.
De acuerdo con la información
pública, tomada de la página web del gobierno federal, la Casa de la Cultura de
Acapulco registraba una asistencia mensual promedio de 600 personas. Contaba
con talleres para Dibujo y pintura normal e intensivo, Piano, Violin, Canto
coral, Creación literaria, Vocalizacion, Alemán, Japonés, Inglés, Guitarra
infantil, Danza árabe, Yoga, Baile de salón, karate ii shotokan, Declamación,
Zumba; Actúa, cuenta, baila y aprende.
Se impartían conferencias, Cine,
Teatro, Exposiciones de artes plásticas, Presentaciones de libros, Círculos de
lectura. Los días y horario de servicio al público en talleres era de lunes a
sábado de 9 a 21 horas. Los servicios de oficina también de lunes a sábado de 9
a 21 horas.
En las instalaciones del Centro
Cultural Acapulco o Casa de la Cultura de Acapulco funcionaban un auditorio al
aire libre, la biblioteca Carmen Romano de López Portillo, el Museo de la Fama,
dos salas de exposiciones temporales, la galería Ixcateopan y la Gran Galería.
Hoy, todo está destruido. No quedó nada de aquella grandeza de la que Acapulco y los acapulqueños se sentían orgullosos por contar con una de las mejores instalaciones culturales en el estado.
Pero el huracán Otis solamente
vino a destapar la desidia de funcionarios estatales que ya tenían olvidadas
esas instalaciones que, por el abandono y deterioro físico, se habían
convertido en un peligro para los propios trabajadores que laboran el turno vespertino
y tenían que salir por la noche.
Encima de toda esa penuria, por
voz del propio secretario general de la Sedena ante el presidente de la
República, el gobierno federal amenaza con una nueva invasión de esas
instalaciones sin importar las condiciones de donación que fueron establecidas
en términos de Ley.
La actual titular de la cultura
en Guerrero solamente ha salido a decir otra versión.
—No se hará un cuartel. Se hará
un módulo turístico.
Seguro, ella tiene otros datos.
(Continuará)
