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| Colonia Francisco Villa, familia sepultada por rcoas durante el huracán Otis |
*Las sanciones penales alcanzarían a autoridades que permitan
asentamientos en esas zonas y a quienes elaboren estudios de suelo sin
identificar los riesgos
/La Redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 22 de Julio de 2025.- El diputado Héctor Suárez Basurto
(Morena) propone establecer sanciones penales para quienes promuevan,
lotifiquen, vendan, se asienten o construyan en zonas de alto riesgo, así como
a las autoridades que permitan o actúen en complicidad en la edificación en
dichas áreas, y a quienes participen en la elaboración de estudios de suelo que
no identifiquen el riesgo.
El propósito es -dijo-, proteger la vida, patrimonio y
entorno ambiental, así como prevenir desastres naturales y ordenar el
crecimiento urbano conforme a criterios de sostenibilidad y seguridad,
La propuesta que pretende reformar y adicionar los artículos
351, 353 y 353 Bis del Código Penal del Estado, así como un segundo párrafo al
artículo 93 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero, es analizada por las Comisiones de
Justicia y Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
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| Diputado Héctor Suárez Basurto |
Refirió que uno de los factores que generan asentamientos
humanos irregulares en zonas de alto riesgo y carentes de los servicios
públicos que demanda la población, es la falta de reserva territorial para el
desarrollo poblacional en las grandes ciudades del estado, como Chilpancingo y
Acapulco.
El diputado morenista explicó que los fenómenos naturales de
gran escala que se han registrado recientemente en el territorio estatal ponen
en riesgo la vida de todas las personas que se encuentran en zonas cercanas a
cauces de ríos o barrancas, evidenciando la vulnerabilidad de las zonas de alto
riesgo que, por sus características geográficas y naturales, son propensas a
deslaves, desbordamientos de ríos, barrancas e inundaciones.
Por ello, Héctor Suárez Basurto propone establecer penas y
sanciones que van de los tres a seis años de prisión y multas de 500 a mil veces
la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, para quienes se instalen y
construyan en estos lugares.
Busca, de esta manera, coadyuvar “a construir ciudades y
comunidades más seguras y resilientes, minimizando los impactos negativos de
los desastres naturales protegiendo la salud, seguridad, patrimonio, medio
ambiente, pero, sobre todo, la vida de las y los guerrerenses”.
