*Les pide presentar un informe con pruebas certificadas en un plazo de 15 días hábiles
Acapulco; Gurrero, a 24 de julio de 2025.- El Congreso de Guerrero y la Auditoría
Superior del Estado (ASE) podrían ser multados por la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), si no suspenden todo acto de fiscalización en contra de la
presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez.
Así lo registra en su nota publicada en La Jornada, el reportero
Iván Evair Saldaña, quien retoma un comunicado de la SCJN en el que el ministro
Javier Laynez Potisek ordena al Poder Legislativo de Guerrero y a la ASE dejar
sin efecto los actos con los que presuntamente violaron la suspensión provisional
que le fue concedida a la alcaldesa, por el máximo tribunal de México, el pasado
25 de junio, como medida cautelar en contra de la fiscalización de 898 millones
de pesos ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco en 2023, provenientes del
gobierno federal.
Ante eso, informa la nota que la alcaldesa morenista de
Acapulco, Abelina López Rodríguez, acusó ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) que la Auditoría Superior de Guerrero (ASE) y el Congreso
local violaron la suspensión que le fue concedida por el ministro Javier Laynez
Potisek, la cual la protege temporalmente contra la revisión de las finanzas
municipales por la supuesta falta de comprobación de más de 898 millones de
pesos de recursos federales.
La Corte admitió el recurso de queja, registrado en el
expediente 4/2025-CA, y lo notificó en listas judiciales el pasado 18 de julio.
El ministro Laynez, como integrante de la Comisión de Receso, ordenó al
Congreso estatal y a la Auditoría Superior dejar sin efecto los actos que
presuntamente violaron la suspensión y presentar un informe con pruebas
certificadas en un plazo de 15 días hábiles. De no hacerlo, se presumirán
ciertos los hechos denunciados y se les impondrá una multa.
Laynez concedió el 25 de junio pasado la medida cautelar a la
alcaldesa, al admitir a trámite la controversia constitucional 174/2024
promovida por la alcaldesa con el objetivo de impedir que la ASE revise las
finanzas del municipio por el uso y destino de recursos del Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), correspondientes al ejercicio
fiscal 2023.
Sin embargo, el municipio acusó que un día después de recibir
la protección la ASE y el Congreso violaron la misma. Ambas autoridades fueron
denunciadas en el recurso de queja 4/2025-CA promovido por el síndico
procurador, Administrativo, Financiero, Contable y Patrimonial del Ayuntamiento
de Acapulco, Miguel Jaimes Ramos.
En este, narra que el 25 de junio del mismo año las
autoridades de la ASE “se apersonaron en las instalaciones del ayuntamiento de
Acapulco con el objetivo de notificar a la presidenta municipal del proveído de
admisión del informe de presunta responsabilidad administrativa, dictado en el
procedimiento de responsabilidad administrativa ASE-DGAJ-US-PRA-029/2025, lo
cual, considera que transgrede los términos en que fue concedida la suspensión
en el presente medio de control constitucional”.
Laynez aceptó y registró el recurso de queja y admitió como
pruebas los documentos que el municipio anexó para ser tomados en cuenta en la
audiencia respectiva. Giró copia del recurso a la Fiscalía General de la
República (FGR) y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y dictó
órdenes al Poder Legislativo y a la ASE.
“Se requiere al Poder Legislativo y la Auditoría Superior,
ambos del estado de Guerrero, para que dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del
presente proveído, dejen sin efectos los actos violatorios de la suspensión que
dieron lugar al recurso, o bien, rindan un informe y ofrezcan pruebas en copias
certificadas con las que acrediten su dicho, apercibidos que de no hacerlo se
presumirán ciertos los hechos que se le atribuyen y se les impondrá una multa”,
señala el acuerdo de la Corte.
Fuente de información: La Jornada
