Del 2020 al 25 más del 50 por ciento de las víctimas de feminicidio son de pueblos originarios. Urgen procesos judiciales incluyentes y con enfoque intercultural: Catalina Apolinar
/La redacción
Chilpancingo; Guerrero, a 26 de octubre de 2025.- La Comisión de Justicia analiza una
iniciativa de adición a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de
Guerrero para que el Ministerio Público esté obligado a preguntar y garantizar,
desde la apertura de la carpeta de investigación, la asistencia de un
intérprete o traductor certificado en lenguas indígenas, que brinde apoyo a
víctimas, ofendidos o testigos indígenas para asegurar su comprensión plena de
los actos procesales.
Al presentar la propuesta, la diputada Catalina Apolinar
Santiago, presidenta de la Comisión de los Pueblos y Comunidades Indígenas,
explicó que la adición al artículo 12 Bis a la Ley mencionada establece la
obligación de documentar la solicitud de intérpretes y defensores y que estos
cuenten con perfil académico y certificación vigente del Instituto Nacional de
Lenguas Indígenas (INALI) para garantizar su competencia profesional y evitar
que las personas indígenas víctimas u ofendidas sigan enfrentando barreras
lingüísticas y culturales que limitan su derecho al acceso pleno a la justicia.
Recordó que la Constitución Federal, la Ley General de
Derechos Lingüísticos y diversos Tratados Internacionales, como el Convenio 169
de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas reconocen el derecho de los pueblos originarios a contar con
intérpretes en su lengua y cultura durante todo el proceso judicial.
La diputada morenista agregó que, aunque la legislación estatal actual reconoce
este derecho para personas detenidas, no obliga a la autoridad ministerial a
garantizarlo desde el inicio de la investigación por lo que es importante
armonizar la norma local con los estándares nacionales e internacionales de
derechos humanos y con las recomendaciones de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos sobre el respeto a los derechos lingüísticos.
Precisó que Guerrero es una entidad con amplia diversidad
cultural y lingüística, y que la población indígena, especialmente mujeres,
niñas, niños y adolescentes, enfrenta altos índices de violencia,
discriminación y falta de acceso a servicios de justicia, muestra de ello es
que entre 2020 y 2025 más del 50 por ciento de las víctimas de feminicidio en
la región de la Montaña pertenecen a pueblos originarios, lo que pone en
evidencia la urgencia de garantizar procesos judiciales incluyentes y con
enfoque intercultural.
Por ello, Catalina Apolinar enfatizó que esta iniciativa representa un paso firme hacia una justicia más accesible, igualitaria y respetuosa de los derechos de los pueblos originarios, asegurando que toda persona indígena comprendida en un proceso penal pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa, sin barreras lingüísticas ni culturales.
